El Ministerio Público recuerda que Junqueras «puede recoger el acta a través de otra persona»

La Fiscalía no quiere permitir que la presión del momento político tras las elecciones del 21-D suavice el tratamiento penal del líder de ERC, Oriol Junqueras. El Ministerio Público sabe que la tensión crecerá ante la toma de posesión de Junqueras como diputado y, por supuesto, en el Pleno de constitución del nuevo Gobierno catalán. Y ha preferido recordar internamente que el acta de diputado regional se puede obtener perfectamente por “representación” —a través de otra persona— y que, por lo tanto, no es necesario que Junqueras salga de Estremera por este motivo.

La explicación de la Fiscalía General incluye un segundo mensaje: el tratamiento penal y la aplicación de las medidas cautelares seguirán criterios jurídicos, no las pautas que vaya dictando la presión política del momento.

Fuentes jurídicas de los golpistas ya han constatado este mismo mensaje a través de los cauces judiciales oficiales. Algo que han comunicado, a su vez, a los cuatro presos estrella del separatismo —Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y el ex conseller Joaquim Forn—.

La presión política, sin embargo, irá en aumento. Y es que, si la toma de posesión como diputados y la consiguiente recogida del acta generará ya un escaparate de polémica y de victimismo que los golpistas no desaprovecharán, aún mayor será el espectáculo del Pleno en el que se tiene que decidir la investidura del partido o coalición que encabezarán el nuevo Govern y que, con todas las papeletas, será, una vez más, separatista.

Porque si Junqueras sigue en prisión en el momento de la constitución del nuevo Parlamento catalán (prevista para el 17 de de enero) y en la sesión de investidura (antes del 1 de febrero) hay dudas jurídicas sobre si podrá acudir a esos Plenos en su condición de diputado electo.

Hay un único precedente judicial: el que afecta al etarra Juan Carlos Yoldi, ex diputado de Herri Batasuna. La Audiencia Territorial de Pamplona admitió la posibilidad de que este preso, en ese momento preventivo y elegido diputado en las elecciones vascas en noviembre de 1986, acudiese al Pleno de investidura.

Yoldi llevaba dos años cumpliendo prisión provisional como presunto autor de delitos de terrorismo, colaboración con ETA, depósito de armas, estragos y lesiones graves por los que el Ministerio Público le pedía 64 años de cárcel. Hay que recordar que ya en aquel momento el permiso se concedió contra el criterio de la Fiscalía, que esgrimió «la gravedad de los hechos imputados y la extensión de las penas pedidas».